La calidad de la contratación pública se mide con varios indicadores. Uno de los más utilizados para determinar el nivel de concurrencia y competencia es el que se fija en el número de licitaciones públicas a las que sólo se presenta una única empresa. Y España no sale bien parada en este ámbito. En los últimos trimestres, tres de cada diez concursos públicos han recibido una única oferta, el porcentaje más elevado desde 2019, según el análisis realizado por Gobierto Contratación (contratos.gobierto.es) con datos de las plataformas del Estado, Catalunya y Euskadi.
En su evaluación sobre la compra pública, la Comisión Europea censura a aquellos países que superan el 20% de adjudicaciones con una única oferta. En su último informe correspondiente al ejercicio 2020, España aparecía como el octavo país con el peor dato en este indicador, al alcanzar el 28%. Con una metodología similar a la empleada por la Comisión Europea –hemos excluido contratos sin requerimiento de competencia, como los negociados sin publicidad (más del 85% se cierra con una única oferta) y los basados en acuerdos marco (en torno al 60%) y nos hemos centrado en procedimientos competitivos, los abiertos, simplificados y supersimplificados–, los datos que ahora presentamos van en consonancia con las cifras europeas, a la vez que muestran que este problema se ha agudizado en los tres últimos trimestres.
Más licitaciones de oferta única tras la pandemia
Como se observa en el anterior gráfico, las licitaciones con un único postor han ido aumentando tras la pandemia desde el tercer trimestre de 2021 (28%) y ya superan el 30% del total, tres puntos porcentuales más que antes de la irrupción del COVID. Esta subida se ha notado por igual en los tres tipos de contratos analizados –abiertos, simplificados y supersimplificados–, con incrementos de hasta seis puntos porcentuales en el último año. Curiosamente, durante la pandemia hubo un pequeño hiato en la tónica habitual, bajando generalmente del 25% de licitaciones con una sola oferta. Esto puede ser por un menor volumen de contratación o por una contratación que se centraba en un mercado altamente movilizado en el momento, como era el caso de los recursos médicos y sanitarios.
Nos volvemos a encontrar con los mismos factores a los que hemos aludido en nuestro Estudio Anual 2021 y en otras publicaciones de nuestro blog como actuales condicionantes de la contratación pública. Esto es, principalmente, la inflación y el encarecimiento de las materias primas. Sin una actualización de los presupuestos ofrecidos por las AAPP, la subida de precios implica un menor margen de beneficio para las empresas, por lo que resulta esperable que muchos potenciales adjudicatarios opten por no presentarse a concursos públicos y esperen mejores oportunidades de negocio. A esto se le añade la incertidumbre de la duración y la intensidad de la crisis inflacionista.
Esta explicación se pone de manifiesto con las licitaciones de oferta única por rangos de importe. Como se observa en el siguiente gráfico, el porcentaje de contratos a los que se presenta una única empresa disminuye a medida que aumenta el importe. Así, las licitaciones con una propuesta son el doble en las adjudicaciones de hasta 50.000 euros (34% del total) que en las de más de un millón de euros (16%). Es posible que importes más altos hagan más tolerable el riesgo para los operadores económicos, especialmente si consideramos que en contratos de importes más elevados el peso de la mano de obra, de coste más estable, es más importante y se reduce la incertidumbre del alza de precios.
El gráfico también muestra otro detalle importante. El porcentaje de licitaciones de oferta única ha ido cayendo paulatinamente en los contratos superiores a 200.000 euros en los últimos trimestres, coincidiendo con las mayores subidas de precios. Este fenómeno incita a pensar que las empresas están centrando sus esfuerzos en las adjudicaciones de mayor importe, lo que a su vez repercute en un mayor número de licitadores y una mayor competencia.
Otra posibilidad podría ser que las medidas de ajustes de precios aprobadas por los diferentes gobiernos hayan rectificado un poco la tendencia en los de mayor cuantía y obras, a diferencia de lo que puede ocurrir en contratos de suministros o servicios, no cubiertos por estas medidas. Hay que ver si esta tendencia se traslada a los siguientes rangos de menor importe (de 50.000 a 200.000 euros). Los datos provisionales del segundo trimestre vislumbran esta posibilidad, aunque hay que esperar a su consolidación.
El triple de obras de oferta única que hace un año
El impacto de la inflación en el número de ofertas recibidas se observa especialmente en el caso de los contratos de obras. En tan sólo un año, se ha triplicado el porcentaje de licitaciones de obras de oferta única, al pasar del 5,5% al 16,3%. Los servicios y suministros también han visto incrementar el número de contratos con un único postor, aunque en menor medida que las obras. Aun así, estos dos tipos de contratos todavía tienen el doble de licitaciones de oferta única (en torno al 33%) que las obras.
El peso de este tipo de licitaciones ha aumentado en todos los tipos de entidades, siendo especialmente importante en el caso de las diputaciones provinciales, que han pasado de representar el 19% en el primer trimestre de 2019 a superar al 32% tres años más tarde. Los ayuntamientos son las entidades con menos licitaciones de oferta única, con algo más del 27%, una cifra muy superior al límite del 20% recomendado por la Comisión Europea. Posiblemente un mercado más próximo o la necesidad de realizar contratos de obras parados durante la pandemia puede llevar a una mayor cantidad de licitaciones con más de una oferta.
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