Analizamos la Ley 11/2026 para entender cómo cambian los contratos menores, los recursos especiales y los trámites administrativos en el sector público de Cataluña.

El Tribunal Supremo aclara cómo debe aplicarse el principio de proporcionalidad en las prohibiciones de contratar derivadas de infracciones de competencia.

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Una subida del 400% en los costes no basta para suspender un contrato público por decisión propia: esta sentencia explica por qué.

Se trata de una formación práctica en directo, el próximo 30 de junio, y diseñada específicamente para perfiles públicos técnicos, jurídicos y de intervención de administraciones públicas. Impartido por el experto en CPI Luis Noguera Coll en formato de aula abierta. El programa está concebido para superar los principales retos del ciclo contractual: desde las Consultas Preliminares al Mercado (CPM) y el encaje normativo entre la LCSP y la Ley de la Ciencia, hasta la gestión de la propiedad intelectual (DPII), la redacción de pliegos funcionales y el cierre seguro del expediente con plenas garantías jurídicas y técnicas.

La contratación de servicios jurídicos no es un trámite que pueda hacerse a dedo por confianza. Su mala gestión mediante adjudicaciones directas afecta directamente a la legalidad y a la validez de los contratos públicos. Conoce los efectos de la Consulta 027/2026 de Castilla la Mancha y la STC 65/2024 sobre por qué estos servicios están plenamente sujetos a la LCSP y cómo el procedimiento negociado sin publicidad queda limitado a casos excepcionales bajo riesgo de nulidad.

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