Uno de los temas que aparecen habitualmente cuando se habla de la gestión de los servicios públicos es la externalización de ciertas actividades a través de consultoras y, dentro de estas, el peso de las Big Four. Estas cuatro grandes consultoras, Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PwC son empresas que tienen un peso casi decisivo en el sector de los servicios de consultoría y asesoría, incluidas las AAPP. Su participación en la acción pública aunque no exenta de polémica, especialmente tras la sanción a estas y otras empresas por falsear la competencia, ha crecido, especialmente a partir de su participación activa en la gestión de los Fondos Next Generation.
En Gobierto hemos querido hacer un pequeño análisis de estas empresas junto a Grant Thornton y Mckinsey para ver cómo funciona este mercado, y cuyos datos puedes consultar en este informe. Hemos analizado datos que van desde 2019 hasta julio de 2023 incluyendo, excepcionalmente, los contratos menores por razones que consideramos de interés.
La contratación de las Big Four
La contratación de las Big Four ha tenido un antes y un después con el paso de la pandemia. Si en 2019 el número de contratos no llegaba a los 300 y 2020 tiene unas condiciones excepcionales, en 2021 el aumento es de más del 50% hasta los 450 contratos. La situación baja un poco en 2022, pero en 2023, poco después de la mitad de año, se han superado los 225 contratos. Esto puede deberse a la mencionada gestión y búsqueda de oportunidades de proyectos financiados por la UE, junto con posibles refuerzos o rediseños estratégicos post-pandemia.
La manera de contratar es un poco “bipolar” con dos grandes mecanismos: el procedimiento abierto (38%) y contrato menor (34%) suponen casi las tres cuartas partes de los contratos. Hemos incluido los contratos menores porque, pese a que la publicación es irregular entre diferentes administraciones, la cantidad de contratos efectivamente publicados es lo bastante grande como para tener en cuenta este mecanismo específico de contratación.
Los contratos abiertos simplificados son solo un 11%, lo que es una cifra inferior a la del conjunto de la contratación, mientras que las normas internas, aplicable a organismos como las empresas, tiene un peso importante (6%). El número de contratos negociados sin publicidad es algo más bajo de la media del total de la contratación. El salto entre el procedimiento abierto y el menor es importante dado que, o bien se debe a que hay una gran disparidad de presupuestos de licitación, o bien se prefieren mecanismos de valoración que no precisan de fórmulas.
Si analizamos los importes, los contratos inferiores a 15000 euros son el 39% de los contratos. Sin embargo, lo que nos interesa es observar que solo los contratos entre 15.000 y 100.000 euros son el 31% y del 11% que van de los 100.000 a los 200.000 euros, una parte importante se situará posiblemente por debajo de los 140.000 euros. Esto significa que hay un uso muy reducido de la contratación por procedimiento abierto simplificado, que permite una gestión algo más rápida, pero exige el predominio de la puntuación obtenida por fórmula, en favor de procedimientos que permiten una valoración más subjetiva. Solo el 17% de estos contratos son claramente materia de procedimiento abierto
Esta estructura parece tener un impacto en la competencia de los contratos. Cerca del 38% tienen solo una oferta, lo que es lógico dado que en muchos casos los contratos menores no tienen varias ofertas. Esto está en las cifras habituales de los últimos años en España para el conjunto de la contratación pública. Es más llamativo que en un sector en el que hay cuatro grandes actores identificados y varios de menor tamaño, solo el 29% de las ofertas tienen 4 propuestas o más. El 32% de los contratos se reparten entre 2 y 3 propuestas. En su conjunto, la baja media se sitúa en los términos frecuentes de la contratación en España, con un 13,46%. Es decir, hablamos de una contratación aparentemente frecuente para los parámetros de España, pero con un mercado que por volumen, demanda y especialización quizá podría ser más vivo.
Los contratos de las Big Four
Las Big Four son esencialmente empresas de servicios, y, dentro de estos, se reparten los objetos de contratación en tres grandes familias. Auditoría y servicios jurídicos, consultoría de proyectos y servicios de consultoría IT. La auditoría es la que tiene mayor número de contratos 167 con el CPV de Servicios de Auditoría hasta los 42 millones de euros. Los servicios de Consultoría informática con 78 contratos con su CPV alcanzan los 51 millones directamente. Con la misma cantidad de contratos, pero menor cuantía, está la gestión de contratos de consultoría de gestión. Hay que decir que la fragmentación de los CPV hace que terminos muy similares se repartan, pero el uso concurrente de varios CPV en un mismo contrato hacen poco fiable integrarlos. En todo caso, hablamos de dos sectores que sabemos que históricamente han causado incompatibilidades arriesgadas (consultoría y auditoría) y que han supuesto la separación formal de ambas ramas empresariales.
En cuanto a quién contrata a estos actores, hay dos perfiles diferenciados. Los actores estatales que recurren a contratos de cuantías medias (Cofides) o grandes (AENA) de la Administración General del Estado, y los que tienen caracter autonómico y local que recurren con cierta frecuencia pero con contratos de importes menores a 50.000 euros (Ayuntamiento de Sanxenxo, Universidad Jaume I o Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha). Esto tiene implicaciones en la estructura de la oferta
Dentro del grupo de empresas y CIFs de estos operadores encontramos empresas con gran tamaño tanto en contratos como en facturación, que son las empresas matrices, y luego están las especializadas (Abogados, Compliance, Advisory) que tienen generalmente menos contratos y de importes menores y que tienen bajas medias menores, posiblemente por un mayor uso de los contratos menores.
Conclusiones: unas Big Four a dos velocidades
El peso de las Big Four ha ido creciendo en los últimos años de manera muy importante posiblemente por la necesidad de apoyo tras la pandemia en cuestiones estratégicas y la gestión de los fondos europeos. Sin embargo, esta contratación es algo más diversa de lo que cabría pensar. Por un lado, hay una cantidad importante de contratos de pequeña o mediana cuantía, posiblemente asociada con cuestiones jurídicas y de asesoría, que constituyen casi el 40% de la contratación, y luego contratos de tamaño mediano o grande. Entre los contratos que superan la cuantía del menor, es necesario considerar que se recurre a la fórmula del procedimiento abierto en detrimento del simplificado cuando el umbral económico lo permitiría.
Esto hace, a su vez, que hablemos de dos tipos de empresas: las matrices, que realizan los contratos grandes, y las pequeñas contratistas, que tienen una cantidad importante, pero de cuantías próximas al menor o que no superan los 50.000 euros. Estas tienen, dada la prevalencia del menor, una competencia y bajas que posiblemente no sean competitivas en términos reales.
Con todo y con eso, hablamos de un mercado que está en los parámetros más normales de competencia y bajas del mercado público español, pero que por los atributos técnicos de las empresas y la diversidad de actores de menor calado, posiblemente podría aspirar a una mayor competitividad.
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