El largo plazo suele quedar muy lejos de la agenda política que prioriza la contratación pública. Aun así, las instituciones suelen necesitar servicios y suministros durante largos períodos de tiempo. Para ello las AAPP sacan a licitación contratos de larga duración con un plazo de ejecución de tres o más años. En Gobierto Contratación (contratos.gobierto.es) hemos querido fijarnos en estas adjudicaciones y analizarlas en profundidad para saber en qué entidades y trabajos son más habituales encontrarse con estos contratos a largo plazo.
Para ello hemos analizado más de 16.000 licitaciones adjudicadas desde 2019 con un plazo de ejecución de tres o más años procedentes de los portales de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi, la inmensa mayoría referida a servicios y suministros. Se trata de una muestra conservadora que representa el 4,9% de nuestros datos, sumando un volumen de adjudicación superior a los 19.000 millones de euros.
Más plazo de ejecución equivale a mayor importe
No puede sorprender a nadie que los contratos a largo plazo tengan un mayor importe de adjudicación ya que los adjudicatarios trabajarán durante más tiempo para la administración. De esta forma, observamos que el porcentaje de contratos de larga duración se incrementa a partir del medio millón de euros hasta el punto de que uno de cada diez contratos de más de un millón de euros –recordemos que es un porcentaje conservador– tiene un plazo de ejecución superior a los tres años. Como se suele decir, tiempo es dinero. Esto tiene implicaciones en planificación y gestión presupuestaria de las organizaciones y afecta al desarrollo de futuras acciones y contratos a realizar.
La mayoría de estos trabajos a largo plazo se han adjudicado mediante concurso, pero en términos económicos el negociado sin publicidad es el procedimiento que mueve más dinero: 8.800 millones de euros por 8.364 millones del proceso abierto. Esto se explica debido a que los cinco contratos largos de mayor importe se han adjudicado por este proceso. Cuatro de ellos han sido promovidos por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa para el suministro de fragatas, vehículos de combate, helicópteros ligeros y potenciación de la capacidad de defensa que han de recibirse entre 2025 y 2031. El quinto ha sido adjudicado por AENA para dotar de servicios de navegación aérea en los aeropuertos españoles hasta 2027. El artículo 168 de la LCSP que regula el negociado sin publicidad prevé la fórmula para contratos reservados por cuestiones de seguridad.
Estos cinco contratos de más de 7.300 millones euros explican por qué la Administración General del Estado es la entidad con mayor volumen en contratos de larga duración pese a ser la que tiene menor porcentaje en términos numéricos. Se trata de compras muy costosas que, además, están vinculadas a políticas reservadas del Estado. En cambio, entidades locales como mancomunidades y ayuntamientos son las que suscriben un mayor porcentaje de contratos a largo plazo.
Inmuebles, hostelería, software y correos tienden al largo plazo
Las administraciones públicas requieren de trabajos a largo plazo principalmente en cuatro sectores: servicios inmobiliarios, de hostelería y restauración, software y correos. En todos ellos, más del 11% de las licitaciones cerradas desde 2019 ha tenido un plazo de ejecución superior a los tres años, algo entendible teniendo en cuenta que son áreas donde la estabilidad es importante. Cambiar de edificios y terrenos, proveedores de alimentos y bebidas o programas informáticos cada pocos meses haría más difícil el día a día de las instituciones. Se trata de contratos en los que las economías de escala a largo plazo deberían aportar un mayor ahorro y la reducción de costes de transacción.
De esta forma, los ayuntamientos priman los trabajos a largo plazo en hostelería; recogida de basura, limpieza y alcantarillado, y reparación y mantenimiento. Por su parte, tanto la Administración General del Estado como las diputaciones provinciales tienden a los contratos de larga duración en los sectores tecnológicos y de software.
Esto indica dos condicionantes importantes para los contratos de larga duración. Por un lado, el ámbito competencial y la recurrencia de los servicios son los factores que hacen que se opte por esta fórmula. La AGE contrata recursos de defensa; las comunidades autónomas, material sanitario y los municipios, basura u hostelería, muy vinculada a dependencias públicas en las que se atiende a la ciudadanía. Por otro lado, el tamaño de la administración aumenta la posibilidad de extenderlo a ámbitos en los que el consumo va a ser lo bastante grande como para contemplar estas economías de escala, como vemos en el caso de las CCAA y la AGE en términos de tecnología y software.
Se contrata con una larga duración lo que va a tener un uso tan continuado como para hacer rentable no repetir la licitación a lo largo del tiempo o cuando la propia magnitud del proyecto impide su desarrollo en un tiempo más breve, si bien esto es solo abordable para grandes administraciones como hemos visto en el Ministerio de Defensa.
La pandemia aceleró la adjudicación de trabajos a largo plazo
A la hora de estudiar los contratos de larga duración nos ha llamado la atención un último aspecto: el incremento de las adjudicaciones de estos trabajos durante 2020, el primer año de la pandemia, superando el 7% de contratos trimestrales. Esta circunstancia podría explicarse por la urgente necesidad de cerrar importantes licitaciones que se encontraban en marcha y cuya tramitación se paralizó a raíz del covid-19.
Cómo se ha recogido la muestra de 16.000 contratos
Los 16.000 contratos de larga duración –sin incluir menores– adjudicados desde 2019 se han recopilado de la información recopilada y sistematizada por Gobierto Contratación de las plataformas de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi. Para asegurar la validez de los datos, se ha comparado el plazo de ejecución que figura en las licitaciones con la duración que hemos calculado a partir de las fechas de inicio –siempre posterior a 2019– y final del contrato.
La metodología empleada ha dejado fuera del análisis muchos contratos que podrían entrar en el estudio al no contar con estas fechas, pero de esta forma hemos podido garantizar que las 16.000 adjudicaciones analizadas realmente tienen un plazo de ejecución superior a los tres años. Por esta razón, las cifras de este análisis tienen un carácter conservador y pueden verse afectadas de incluirse los contratos excluidos, especialmente en lo referente al volumen de adjudicación.
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