Ya hemos sobrepasado el ecuador del año y toca hacer balance de la contratación pública del primer semestre de 2022. Estas son las principales tendencias en materia de compra pública que hemos detectado en lo que llevamos de año a partir de los datos que hemos recopilado de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE).
Año récord para la compra pública
2022 va camino de convertirse en un año récord para la contratación pública gestionada a través de PLACE. En los seis primeros meses del año ya se han licitado más de 50.000 procedimientos y adjudicado casi 52.000. Esto supone un incremento del 15,2% y 13,1%, respectivamente, respecto al primer semestre del pasado año. En concreto, el segundo trimestre se cerró con casi 30.000 licitaciones públicas –la cifra más elevada de los últimos cuatro años– y otras tantas adjudicaciones, sólo por detrás de los casi 32.500 contratos adjudicados en el cuarto trimestre de 2021.
Este importante aumento de la actividad licitadora durante este año puede deberse a varios motivos. En primer lugar, la llegada de los fondos NextGenerationEU ha obligado a las administraciones públicas a iniciar nuevos procedimientos para adjudicar el dinero procedente de Bruselas. También estamos en un año de transición entre el impacto de la pandemia y un 2023 dominado por las citas electorales, por lo que es probable que las AAPP hayan aumentado su ritmo licitador tanto para seguir recuperando el parón provocado por el COVID-19 como para impulsar los últimos contratos del mandato y llegar a las próximas elecciones con varias inauguraciones en la manga. Por último, tampoco hay que olvidar el aumento de los contratos desiertos –al que volveremos algo más adelante–, que habrá obligado a más de una entidad a volver a sacar la misma licitación pero con diferentes importes y requisitos en busca de una empresa adjudicataria.
Se puede apreciar una aceleración de los ritmos de contratación pública posiblemente por la necesidad pero también por las fórmulas que han agilizado la contratación en los fondos Next Generation. Esto además se traslada a cómo afecta a la distribución de tipos de contratos y procedimientos realizados este año.
Los acuerdos marco son el procedimiento de moda
Aunque el 85% de las licitaciones se adjudica por concurso abierto (39,1% en el segundo trimestre) o simplificado (45,9%), los contratos basados en acuerdos marco son el procedimiento de moda, con un considerable aumento en los últimos tres años, cuando sólo representaban el 1% del total. En el segundo trimestre se han situado por encima del negociado sin publicidad (6,4% del total por 5,9%), que tradicionalmente venía siendo el tercer procedimiento más utilizado por las AAPP.
Como ya explicamos en nuestro Estudio especial sobre los acuerdos marco, este procedimiento permite una mayor racionalización de la contratación pública y un considerable ahorro de tiempo y recursos en cuanto a la gestión de los mismos. Ello ha llevado a que las AAPP hayan celebrado 1.900 contratos basados en acuerdo marco en el último trimestre, la cifra más elevada de los tres últimos años y un 36,3% más que hace un año.
El crecimiento de los acuerdos marco es posiblemente fruto de una maduración de esta fórmula entre administraciones públicas y el incentivo normativo para su empleo. Igual que registramos en el estudio de 2021, la reducción de cargas burocráticas en la AGE ha motivado la realización de contratos realizados bajo esta figura en lo relativo a los fondos Next Generation. El uso de fórmulas de mayor racionalización es una buena noticia tanto en términos monetarios como temporales y posiblemente haya contribuido al aumento de contratos en lo que va de año. Sin embargo, hay que considerar el riesgo que puede suponer la inflación no tanto al uso de la fórmula como a la necesidad de resolver y volver a establecer acuerdos marco en condiciones económicas más adaptadas a la realidad.
Los suministros pierden importancia tras la pandemia
La distribución de los principales tipos de contratos públicos –servicios, suministros y obras– continúa estabilizándose hacia los niveles anteriores a la pandemia. Lo más destacable es la caída de los suministros en lo que llevamos de año tras el pico que experimentaron en el cuarto trimestre de 2021, lo que ha aumentado la distancia entre servicios y suministros más allá de los diez puntos porcentuales, una diferencia que no se observaba desde el segundo trimestre del pasado año.
Los contratos de suministros tienen un peso mucho menor en el primer semestre del año, dado que suelen priorizarse en este periodo contratos que tienen periodos de entrega y seguimiento más complejos y largos, como los de obras y servicios. De hecho, la caída de cuatro puntos es similar a la que se experimentó entre finales de 2020 y el primer semestre de 2021. La cuestión es preguntarse si en un contexto en el que los fondos Next Generation tienen una vocación más estructural y menos orientada al suministro y de una inflación de la que este tipo de contratos sufren más directamente el impacto, tendrán una recuperación similar a la de la segunda mitad del año o no. En caso de que haya una recuperación habrá que considerar el aumento de precio de la inflación por no haber anticipado precisamente estos contratos en un contexto en el que el tiempo cuesta efectivamente dinero.
Los desiertos no han llegado aún a su pico
El aumento de los contratos desiertos parece no tener fin. El segundo trimestre se cerró con un nuevo récord en cuanto a porcentaje de adjudicaciones que quedaron sin adjudicatario: un 12,6%. A diferencia de los suministros, que parecen haber tocado techo, los desiertos en obras y servicios continúan en aumento y ya se sitúan en niveles nunca vistos en los tres últimos años. Así, entre abril y junio hubo casi 1.300 contratos de servicios desiertos y más de 550 de obras, el récord en ambos casos.
En los seis primeros meses del año se han declarado desiertos casi 6.300 contratos publicados en PLACE, una cifra ligeramente inferior a las adjudicaciones no cerradas entre enero y septiembre del pasado año. Y parece que este número irá a más, teniendo en cuenta la espiral inflacionista en la que se encuentra no sólo España sino prácticamente todos los países. Hemos podido comprobar que, en término medio, cada punto de inflación adicional supone un aumento de 0,36 puntos de los contratos desiertos, así que la perspectiva no es positiva si no hay una reducción de la tendencia. El problema radica en que los contratos desiertos que requieren una nueva licitación, además de posiblemente tener una revalorización para atraer competencia, tendrán que ajustar los precios al alza por el simple paso del tiempo.
Los contratos de emergencia vuelven a la normalidad
Cerramos este balance trimestral con un dato positivo: por primera vez desde la irrupción del COVID-19, el porcentaje de contratos de emergencia se sitúa por debajo del 1%. Tras el ligero repunte de los contratos de emergencia experimentado en el primer trimestre de 2022 motivado principalmente como respuesta de las instituciones públicas canarias a la erupción volcánica de La Palma, se ha recuperado el ritmo decreciente de los contratos de emergencia que se inició en 2021, cerrando el segundo trimestre con un porcentaje del 0,8%.
Esto quiere decir que entre abril y junio se adjudicaron más de 230 contratos de emergencia, la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2019, últimos momentos de la vieja normalidad antes del COVID-19. Pero tampoco queremos tirar las campanas al vuelo: sucesos recientes como los incendios por toda España pueden impulsar de nuevo estas licitaciones de emergencia. En todo caso tendremos que valorar la tendencia a lo largo del tiempo y observar los informes respecto al uso más o menos ortodoxo de una fórmula tan excepcional.
En resumen podemos decir que esta primera mitad de año de la contratación pública en PLACE muestra luces y sombras. En el plano positivo está el aumento de la contratación, que indica una actividad pública importante en estos momentos y, sobre todo que la gestión de los fondos europeos no está suponiendo costes de oportunidad para otro tipo de contratos. Además, las políticas de racionalización parecen extenderse en la contratación pública en detrimento de otras fórmulas más costosas y menos competitivas como las licitaciones con negociación. En el lado negativo tenemos el evidente impacto de la inflación en los contratos desiertos y de reducción de la competencia que supone un aumento de importes finales de adjudicación. Habrá que estar pendientes al resto del año para ver cuál de las dos tendencias tiene un impacto más fuerte y continuado.
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