¿Cuándo empezaste a tener contacto con procesos de participación?
Encarna Hernández: Empecé cuando era concejal en mi municipio, Molina de Segura (Murcia) donde se implantaron en la legislatura 2011-2015 los primeros presupuestos participativos de la Región. Allí tuve la oportunidad de aprender muchísimo de la mano de expertos en la materia que asesoraron e impulsaron el proceso como José Molina Molina (actual presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia) e Yves Cabannes. Esta experiencia en el terreno político la trasladé después al trabajo académico que desarrollo en mi tesis doctoral sobre presupuesto abierto, en una perspectiva de la transparencia presupuestaria relacionada con la comprensión y accesibilidad de las cuentas públicas para la ciudadanía. Debido a mi formación como periodista y community manager estoy también muy centrada en el papel que juegan las redes sociales digitales en los procesos de participación ciudadana y en herramientas como el presupuesto participativo
En el campo profesional, ahora soy directora de comunicación en NovaGob, y también participo en proyectos que desarrollamos desde su laboratorio de Gobierno (NovaGob.Lab) en materia de participación ciudadana. En NovaGob tenemos una visión de las políticas de participación ciudadana conectada con los conceptos de innovación abierta y gobernanza inteligente.
¿Qué diferencias hay entre los procesos de participación, digamos, “tradicionales” y los que se están haciendo ahora?
EH: La principal diferencia es que los procesos participativos vienen reconfigurándose en torno a la implantación en la Administración de las TIC y el uso de medios sociales en el contexto de la nueva gobernanza y del Gobierno Abierto. Aquí surgen tensiones en torno al papel que asociaciones y ciudadanos individuales (no organizados) juegan en los procesos participativos, o lo que es lo mismo, lo que podríamos llamar la representación frente a la deliberación abierta a toda la ciudadanía. Creo que una de las cuestiones fundamentales, además de la que afecta a la tecnología y los derechos de ciudadanía digital (o 2.0), es la idea de transversalidad, es decir, que la manera de hacer participativa se traslade a todas las áreas de actividad de una Administración (transformando a la propia organización y su forma de gobernar y de relacionarse con la ciudadanía) y que se contemple en todo el ciclo de las políticas públicas en distintos grados de apertura (desde la consulta al empoderamiento).
¿Qué lecciones podemos aprender de la participación presencial y aplicarlas a nuevos procesos de participación apoyada en la tecnología?
Creo los procesos de participación tradicional que se han venido desarrollando en las últimas décadas (destacaría la larga trayectoria de la tradición participativa local en España) han generado un capital social que debe ser aprovechado y potenciado por las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología. Tenemos que prestar atención a los límites y sesgos de los dos modelos, complementarlos en transiciones no demasiado rupturistas: no todo puede ser virtual o sectorial, por poner un ejemplo.
Siguen siendo necesarios escenarios presenciales y territorializados, pero la tecnología nos permite, por ejemplo, intercambiar buenas prácticas, tejer redes entre comunidades, superar los límites del espacio, generar procesos más flexibles… Sigue siendo necesaria la deliberación, cuyos esquemas tenemos que trasladar al ámbito online, integrando las tradicionales reglas para deliberar y avanzar en consensos con nuevas normas del contexto 2.0.
Uno de los grandes retos de la participación es reducir los sesgos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo atajamos las brechas generacionales, tecnológicas y socioeconómicas?
Cada modelo de participación tiene sus sesgos que pueden ser atajados desde la complementaridad. No hace mucho, al hilo de la propuesta pionera de presupuesto participativo en la Región de Murcia, realicé algunas consideraciones al respecto, centradas en la necesaria complementariedad entre lo presencial y lo digital y la posibilidad de combinar la participación individual con la intervención de colectivos. Un ejemplo: se pueden recabar propuestas de actuación telemáticamente sin que por ello se desconecte la tradicional influencia de colectivos y asociaciones, que pueden capitalizar parte del proceso.
Se tiende a pensar que participar es sinónimo de votar. Pero muchas veces se olvida que además de la democracia representativa y la democracia directa está la democracia deliberativa. ¿Hace falta más deliberación en los procesos participativos? ¿Estamos confundiendo participar con decidir?
Sin deliberación no hay proceso participativo. Es así de crudo, de hecho un buen proceso deliberativo puede ser tan satisfactorio (y recomendable) como un referéndum. Decidir no es lo mismo que alcanzar consensos. Las TIC nos pueden ayudar a aumentar la “masa deliberativa” cumpliendo requisitos normativos que tienen que ver con la pluralidad y acceso, igual participación, sinceridad y libertad de posicionamientos.
Hablemos de la legislación colaborativa. Según el artículo 133 de la Ley 39/2015 se debe consultar a los ciudadanos –a través del portal web de la Administración competente– antes de elaborar una nueva ley o reglamento. ¿Cómo crees que se debe afrontar este nuevo reto de ampliación del espacio democrático?
Volvemos a la cuestión de las consultas… ¿todo puede limitarse a votar por Internet? No hace mucho tuvimos un debate muy animado sobre esto en NovaGob, que animo a consultar. Creo que la innovación democrática, especialmente en el ámbito local, no puede ser enfocada sólo desde esa visión (muy corta) sino desde una nueva lógica colaborativa y de co-creación con la ciudadanía, la idea de la transversalidad de las políticas de participación, la gestión de comunidades, la creación de redes, la desintermediación creciente o iniciativas de empoderamiento como los laboratorios ciudadanos.
