La contratación pública es el proceso mediante el cual las administraciones públicas y otros entes obligados por ley adjudican contratos para la adquisición de bienes, servicios y obras, garantizando la igualdad de oportunidades y la concurrencia de los operadores económicos, y buscando la oferta más adecuada a sus necesidades.
La contratación pública se sitúa en una posición estratégica para las Administraciones Públicas (AAPP), ya que incide en su funcionamiento interno y en su relación con la sociedad. A través de la contratación, las AAPP pueden impulsar cambios en sus procesos y abordar retos sociales, modificando lo que compran y cómo lo compran.
Este proceso no está exento de conflictos, que pueden surgir en cualquier relación contractual. Sin embargo, la naturaleza de estos conflictos es especial debido a que una de las partes es la administración pública, se utilizan fondos públicos y existe un marco legislativo específico. Existen mecanismos para minimizar y canalizar estos conflictos de manera efectiva, como los recursos especiales o contencioso-administrativos.
Marco legislativo
Los contratos del sector público son aquellos que son onerosos y se celebran por las entidades enumeradas en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Estos contratos pueden ser de obras, servicios, suministros, concesiones y mixtos, y pueden estar sujetos a regulación armonizada o no, dependiendo de su naturaleza y del derecho aplicable (administrativo o privado).
La LCSP también establece una serie de negocios jurídicos y contratos que están excluidos de su ámbito de aplicación, como los relacionados con la defensa, seguridad, convenios, encomiendas de gestión, ámbito internacional, investigación, desarrollo, innovación, dominio público, ámbito patrimonial y el ámbito financiero.
Principales elementos
Los elementos principales de la contratación pública incluyen la necesidad de cumplir con los fines institucionales, la eficiencia en la ejecución de los contratos, la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación, y la promoción de la participación de la pequeña y mediana empresa.
La contratación pública debe estar alineada con los objetivos y necesidades institucionales de las entidades del sector público. Estas necesidades deben ser determinadas con precisión antes de iniciar el procedimiento de adjudicación de cualquier contrato, especialmente cuando se trata de procedimientos abiertos, restringidos o negociados sin publicidad.
La eficiencia es un principio rector en la contratación pública, no solo en términos de coste, sino también en la calidad y sostenibilidad de los bienes y servicios adquiridos. Las entidades del sector público deben velar por el mantenimiento de los términos acordados y la agilización de trámites en la ejecución de los contratos.
La contratación pública moderna va más allá del simple ahorro y se centra también en la incorporación de consideraciones sociales y medioambientales, así como en la innovación. Estos aspectos se valoran positivamente en los procedimientos de contratación y reflejan un cambio en la importancia relativa de los factores que rodean al precio en la contratación pública.
La participación de la pequeña y mediana empresa en la contratación pública es un objetivo clave, promoviendo así la equidad y el acceso sin coste a la información. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para hacer que la contratación pública sea más inclusiva y para apoyar el desarrollo económico y empresarial.
La programación de la actividad de contratación pública es esencial, y las entidades deben planificar y anunciar su plan anual de contratación, incluyendo aquellos contratos SARA (sujetos a regulación armonizada), de forma anticipada y transparente.
Tipos de contratos
Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios son los principales tipos de contratos que celebra el sector público. Estos contratos se califican según las normas contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y se rigen por normas de derecho administrativo o de derecho privado aplicables. Todo el detalle en el artículo 12 y siguientes de la Ley de Contratos.
Tipos de procedimientos
Los tipos de procedimientos de contratación pública se clasifican en ordinarios y especiales. Los procedimientos ordinarios incluyen el abierto, restringido y los simplificados (y simplificado abreviado o supersimplificado), mientras que los especiales comprenden la licitación con negociación, el diálogo competitivo y otros procedimientos como el contrato menor y la asociación para la innovación.
El procedimiento abierto es el más común y garantiza transparencia y competencia, permitiendo a cualquier operador económico presentar una oferta. Existen variantes simplificadas de este procedimiento para contratos con importes menores, que agilizan la tramitación y reducen los requisitos formales.
El procedimiento restringido permite a cualquier empresa solicitar participación, pero solo aquellas seleccionadas por su solvencia pueden presentar proposiciones. Este procedimiento es adecuado para servicios intelectuales de especial complejidad.
Los procedimientos especiales, como la licitación con negociación y el diálogo competitivo, se utilizan en circunstancias específicas donde la competencia es limitada o se requiere una solución innovadora o altamente adaptada a las necesidades del órgano de contratación.
El contrato menor es un procedimiento extraordinario para contratos de baja cuantía y duración limitada, que no justifican un proceso de licitación completo. Se emplea para necesidades puntuales y no recurrentes.
CPVs: Clasificación de contratos públicos
Los CPVs son códigos de hasta 8 cifras, organizados jerárquicamente, que permiten identificar de manera precisa y estandarizada la materia o el objeto sobre el que se va a realizar un contrato público. Esta codificación es independiente del lenguaje escrito y facilita la localización de licitaciones y contratos en diferentes idiomas o terminologías.
La estructura jerárquica del CPV se compone de divisiones, grupos y categorías, que aumentan en especificidad a medida que se agregan cifras al código. Por ejemplo, un código que comience con “15” podría referirse a alimentos, mientras que “15332200” se refiere específicamente a mermeladas y compotas. Esta jerarquía permite a las administraciones públicas y a las empresas encontrar y clasificar contratos de manera más eficiente.
El uso del CPV es obligatorio en las licitaciones y tiene implicaciones en la solvencia y la certificación de los proveedores. Además, el correcto uso del CPV puede influir en la transparencia y la competencia del proceso de contratación, ya que un CPV incorrecto puede excluir a proveedores potencialmente interesados o atraer a proveedores no adecuados.
Puedes explorar la lista oficial de códigos CPV en Gobierto Contratación. Otros recursos en Gobierto:
Participación de la pequeña y mediana empresa
La participación de la pequeña y mediana empresa (PYME) en la contratación pública se promueve mediante la planificación anticipada de los contratos, la transparencia y el acceso a la información, y la valoración de aspectos positivos como la innovación y la sostenibilidad en los procedimientos de contratación.
La planificación de la contratación pública es una herramienta clave para promover la participación de las PYMEs. Al anticipar y publicitar los procesos de compra, se aumenta la competencia y se permite a las empresas, especialmente a las más pequeñas, prepararse y responder a las oportunidades de contratación. Esto es particularmente importante en un entorno que puede ser volátil y desafiante para las PYMEs.
La transparencia y el acceso a la información sin coste son fundamentales para facilitar la participación de las PYMEs en la contratación pública. Al hacer que la información sobre los contratos esté disponible y sea accesible, las PYMEs pueden identificar oportunidades relevantes y preparar sus propuestas con mayor eficacia.
Además, las consideraciones sociales, medioambientales y de innovación se valoran positivamente en los procedimientos de contratación pública. Esto significa que las PYMEs que se especializan en estos aspectos pueden tener una ventaja competitiva y ser más atractivas para las entidades del sector público.
La contratación pública también puede ser un instrumento para luchar contra la despoblación y apoyar el desarrollo económico local. En este sentido, las PYMEs de municipios pequeños pueden beneficiarse de un enfoque de contratación que tenga en cuenta sus particularidades y contribuya a su sostenibilidad y crecimiento.
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