El pasado 29 de marzo presentamos un nuevo Estudio Gobierto sobre el ahorro en la contratación pública en un evento que contó con la participación de Ylenia Díaz, Funcionaria de Habilitación Nacional de la Administración Local y Secretaria del Ayuntamiento de Riba Roja de Turia, y Juan Carlos Gomez Guzmán, consultor especialista en la auditoría de precios y costes de contratos públicos en Auditoría de contratos. Aquí tienes el vídeo de la sesión.
Si por cualquier razón te perdiste el evento de presentación, te resumimos los principales puntos que abordamos en nuestro Estudio.
¿Qué administraciones compran más barato?
La primera cuestión es qué aspectos estructurales influyen de manera más importante a la hora de conseguir ahorros en los contratos públicos:
- El ahorro general en los procesos de contratación ronda, en término medio, el 18% del Presupuesto Base de Licitación. Esta cifra es relativamente estable entre todo tipo de administración, aunque tienen valores un poco más elevados las diputaciones provinciales y los entes de derecho público.
- Los municipios pequeños tienen problemas para conseguir descuentos más competitivos, concretamente aquellos de menos de 40.000 habitantes. Más allá de este umbral, el ahorro se mantiene estable.
Es decir, hay una distribución estable de los ahorros, si bien es cierto que algunas administraciones ofrecen resultados interesantes, como las diputaciones provinciales. Curiosamente, si integramos la lógica del ahorro con los problemas en este sentido de los municipios menores de 40.000 habitantes, podemos extraer algunas aplicaciones estratégicas en la política de contratación a nivel territorial.
¿Cómo se compra más barato?
Lo siguiente que queríamos saber era qué aspectos relativos al procedimiento de contratación podrían darnos pistas acerca de qué tipo de contratos pueden lograr márgenes de ahorro más elevado y qué estrategias de contratación pueden conseguir desempeños más evidentes. Hemos encontrado lo siguiente:
- La especificidad en el uso de los CPVs tiene un impacto negativo en el ahorro. Los contratos con CPVs con una especificidad menor de 4 tienen más ahorros que los que la superan.
- En cuanto al tipo de procedimiento, aquellos que generan mecanismos de preselección o validación de la oferta, como los contratos restringidos o los de acuerdo marco, consiguen más ahorros, aunque no muy superiores a los de procedimientos como el abierto o el simplificado. Los procedimientos que tienen alguna limitación en el acceso a la licitación, como los negociados sin publicidad o los diálogos competitivos, logran un ahorro menor.
- Los contratos asociados a materias primas o materiales, como los de suministros y, en menor medida, los de obras, tienen menos descuentos que los basados en mano de obra, como es el caso de los servicios.
- El impacto del Presupuesto Base de Licitación en el precio es positivo en el ahorro, aunque es muy tenue por debajo de los 500.000 euros. A partir de esa cifra, es mayor el ahorro conseguido.
- El número de ofertas recibidas tiene un impacto sustancial en el ahorro, especialmente en el tramo que va de 1 a 4 ofertas, a partir de ahí el impacto se va reduciendo hasta ser prácticamente irrelevante a partir de 16 ofertas.
Conforme aumenta la especificidad y la dependencia de materias primas y bienes materiales, los contratos reducen su flotabilidad, haciendo que las rebajas de precios sean menores, especialmente en los importes más bajos. Por otro lado, la competencia tiene un efecto claramente positivo en el ahorro, sobre todo en los tramos que van de 1 a 4 ofertas. Potenciar estos mecanismos e impulsar la competencia tiene efectos positivos en la reducción de precios, si bien con efectos diferentes según el tipo de contrato del que hablemos.
Y entonces llegó ella: la inflación de 2021
La crisis de materias primas y cadena de suministro en 2021 ha supuesto una dinámica inflacionista en la economía mundial. En el caso del sector público, esto no ha ido diferente, y, además, la velocidad a la que han escalado los precios ha sido mayor que la de adaptación de los contratos. Si consideramos que el tiempo medio de tramitación de un contrato de procedimiento abierto supone más de 100 días, una inflación volátil tendrá impacto real en la adquisición del servicio. Esto es especialmente crítico en términos de previsión presupuestaria. Si no se considera con vista a un año el impacto de la inflación, se corre el riesgo de no ser competitivo para atraer ofertas interesantes. Al analizar esto, encontramos lo siguiente:
- Hay reducción importante en los ahorros de los contratos, pasando de un 18 a un 15% de media en sólo 12 meses.
- Los contratos de suministros y, muy especialmente los de obras (que han reducido a la mitad sus ahorros) se han visto muy afectados, indicando que el aumento de precio se ha trasladado a materias primas y energía y no a mano de obra.
- Conforme se reducen los ahorros también aumenta el número de procedimientos abandonados o desiertos de manera visible, lo que afecta a la no celebración de contratos y, muy posiblemente también, al número de ofertas y, por lo tanto a la capacidad de ahorro de las administraciones.
Esto indica una situación de cierto riesgo a la hora de iniciar el nuevo ejercicio presupuestario: si las Administraciones no son capaces de prever el encarecimiento de las materias primas, no ya a lo largo del ciclo de vida del contrato, sino del propio proceso de licitación, la pérdida de competitividad puede hacer que más contratos queden desiertos o se abandonen.
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